Redes Cristianas, desde su doble pertenencia a la comunidad cristiano-católica y a la sociedad civil, apuesta decididamente por la independencia, respeto y colaboración entre estos dos ámbitos y aboga por un Estado laico que supere el actual confesionalismo encubierto y por una Iglesia inspirada sólo por el Evangelio y no sometida a ningún tutelaje del Estado.

Consciente de que las actuales relaciones entre Iglesia/Estado en España, basadas en los Acuerdos del 1979,  han sido el principal obstáculo a la separación entre ambos y que actualmente están generando un gran malestar en  amplios sectores sean católicos o no, Redes Cristianas manifiesta claramente su postura e invita a sumarse a cuantas instituciones o personas quieran hacerlo.

El desarrollo progresivo de la laicidad debe ser considerado como un hecho positivo. Es la lenta maduración de la humanidad hacia una cultura del pluralismo, del respeto a la diferencia, es avanzar hacia la creación de aquellos espacios de liberdad que hacen posible el diálogo entre todas las ideologías filosóficas o religiosas, creyentes o no. Y, puesto que el único garante de este espacio público es el Estado, laicidad significa la autonomia del Estado respecto de cualquier magisterio religioso o cosmovisión filosófica que pretenda imponerse como la única verdadera.  Desde esta postura:

1. Denunciamos  los Acuerdos de 1979 del Estado español con la Santa Sede -en vigor desde hace casi 30 años-  y no proponemos su renovación porque, nacidos en situación de privilegio confesional católico, están afectando hoy día a una sociedad religiosamente  plural y ampliamente secularizada y  son causa de muchos de los conflictos que afectan a la convivencia ciudadana. Y, en consecuencia, exigimos que las entidades dependientes de la Iglesia y demás confesiones religiosas se acojan  al derecho civil que regula la vida asociativa en el Estado.

2. Apostamos por una laicidad plena que reconozca la autonomía de lo político y civil respecto a lo religioso  y camine hacia la separación definitiva de la Iglesia y el Estado, reconociendo la igualdad de derechos y deberes, sin privilegios ni ventajas eclesiásticas y garantizando el ejercicio  de las libertades fundamentales para todos y todas. La Iglesia será libre sólo cuando esté clara y definitivamente desligada del Estado y se ponga decididamente al servicio de los pobres y excluidos de este mundo.

3. Abogamos por un “pacto por la laicidad” entre confesiones religiosas y el Estado, que de lugar a un “estatuto de laicidad” que regule la presencia y las actuaciones de los poderes políticos en las ceremonias religiosas y de las jerarquías religiosas en los actos políticos, suprimiendo los símbolos religiosos en el espacio público civil.

4.  Exigimos que el funcionamiento democrático interno, la participación  de las bases y la transparencia  sean       criterios a tener en cuenta por parte del Estado a la hora de establecer marcos de colaboración con las entidades sociales. Consecuentemente, denunciamos el clericalismo y la discriminación por razones de género y orientación sexual, aún presentes en la Iglesia católica y otras confesiones.

5.   Defendemos una “laicidad escolar” que posibilite la formación integral de la persona, el aprendizaje, la socialización y la enculturación sin proselitismos ni adoctrinamientos, y que responda a principios de igualdad, libertad y formación crítica para todas las personas. Reconocemos el pluralismo religioso y cultural existente, y, en consecuencia, denunciamos la actual presencia de la religión confesional católica en el sistema educativo y en la escuela pública y concertada.

6.   Apostamos por una sociedad secularizada y pluralista,  organizada democráticamente desde la aconfesionalidad  y  sin permitir interferencias confesionales en el espacio político,  ni privilegios que, desde los principios de justicia y equidad, causan agravios comparativos con el resto de las instituciones. Desde aquí denunciamos el actual sistema de financiación de la Iglesia católica por el Estado español.

7.  Abogamos por  mantener la autonomía de la ética en una sociedad laica en todos los ámbitos propios de una sociedad secular (en el tejido social, político, productivo, cultural, científico…), sin necesidad de acudir a motivaciones religiosas para legitimarla. Y, en consecuencia, denunciamos las presiones de la jerarquía católica para imponer su moral sobre la ética pública.

8.  Defendemos la presencia de las confesiones religiosas en los medios de comunicación. Pero denunciamos a la Conferencia Episcopal Española por el intolerable abuso del derecho de la Libertad de Expresión que está haciendo la Cope. Exigimos a la Conferencia Episcopal Española el cambio radical en su línea editorial y al Gobierno mayor firmeza en la garantía del respeto a los derechos de los ciudadanos.


Urgimos, finalmente, al actual gobierno del Estado como detentor y representante de la soberanía popular y a las jerarquías de las confesiones religiosas, especialmente a la de la Iglesia Católica, que asuman responsablemente el espíritu de la Constitución, la cual,  en el Art.16 párrafo 3, al afirmar que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, aboga por el establecimiento de aquel espacio laico y de diálogo al que hacemos referencia.