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MADRID (EFE).— Cientos de miles de personas salieron a las calles de Madrid para protestar por la reforma del sistema educativo emprendida por el gobierno socialista que preside José Luis Rodríguez Zapatero.
La protesta fue convocada por una decena de organizaciones entre las que figuró el Foro de la Familia, la Confederación Católica de Padres (CONCAPA) y la patronal de la enseñanza (CECE).
Entre los grupos que se han adherido destaca la Federación de Religiosos de la Enseñanza de España, que agrupa a más de dos mil colegios religiosos de todo el país. Además, en la marcha participaron varios obispos españoles y dirigentes del conservador Partido Popular (PP), el principal de la oposición, como su secretario general, Angel Acebes, la presidenta regional de Madrid, Esperanza Aguirre, y el portavoz del partido en el Congreso, Eduardo Zaplana. Los convocantes, que aseguraron contar con el apoyo de cientos de asociaciones de España, Europa y América Latina, rechazan la denominada Ley Orgánica de Educación (LOE), reforma educativa aprobada por el gobierno y que actualmente se tramita en el Parlamento. Entre otras medidas, la nueva normativa mantiene a la religión como asignatura voluntaria para los alumnos y no computable a efectos académicos, algo que rechazan estas organizaciones. También impide pasar de curso con más de tres suspensos y establece una prueba única de acceso a la universidad tras el final de la enseñanza secundaria. Los asistentes a la protesta hicieron un recorrido entre el Paseo del Prado y la Calle de Alcalá, dos de las principales vías del casco histórico de Madrid, y finalizaron el acto en la emblemática Puerta de Alcalá. Abrió la marcha una gran pancarta en la que figuró el lema “Por una educación en libertad. LOE no”, que llevaron representantes de las diez organizaciones convocantes. Miles de personas llegaron a Madrid en autobuses, trenes, aviones y vehículos particulares desde todos los puntos del país para participar en este acto. Numerosos religiosos, profesionales de la enseñanza, pero sobre todo familias completas y muchos grupos de jóvenes formaban el grueso de la manifestación, que transcurrió en un tono festivo y reivindicativo y durante la que no cesaron de corear gritos contra el gobierno y su Presidente. Al término de la protesta, los convocantes leyeron un comunicado en el que se denunció que el gobierno haya acometido la reforma sin el consenso de la comunidad educativa. También aseguraron que la normativa vulnera aspectos constitucionales como el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. En la lectura de este manifiesto participó la dominicana Mariasela Álvarez, ex Miss Mundo y actualmente conductora de un programa de la cadena española Popular TV (emisora de la Conferencia Episcopal). La nueva reforma educativa fue objeto también de una masiva protesta el pasado martes por parte del Sindicato de Estudiantes (SE), una asociación estudiantil de izquierdas que convocó manifestaciones en una treintena de ciudades del país y una huelga en la enseñanza secundaria. Este colectivo considera que la LOE favorece a las escuelas de educación concertada (financiadas con dinero público y privado) y perjudica a las escuelas públicas. Horas antes del inicio de la protesta, la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, expresó su respeto a los manifestantes, aunque dijo que sus temores por el futuro de la enseñanza de la religión o la libre elección de centro educativo “son infundados”. Agregó que “es una ley exigente, ambiciosa, rigurosa y optimista”, que compromete recursos, como los 6,000 millones de euros (unos 7,000 millones de dólares) que figuran en su memoria económica. El proyecto supone la sexta reforma educativa emprendida en España en los últimos treinta años y sustituirá a tres textos todavía vigentes que datan de 1990, 1995 y 2002. La protesta de ayer fue la tercera celebrada en Madrid en los últimos meses contra medidas adoptadas por el gobierno, después de la que tuvo lugar el 4 de junio para rechazar la política antiterrorista de Rodríguez Zapatero, y la del 18 de junio, esta vez, contra la ley que reguló el matrimonio entre homosexuales.
Comentario del editor:
Muchos ciudadanos de buena fe creen defender realmente un derecho fundamental al reclamar la enseñanza de la religión católica como asignatura incluida en los itenerarios oficiales, en el marco de la escuela pública.
Sin embargo el derecho a educar a los hijos de una manera acorde con las propias convicciones es un derecho de todos los ciudadanos, no sólo de los católicos y no sólo de los ciudadanos con convicciones religiosas. Así queda este derecho recogido en la Declaración Universal de 1948:
Artículo 26.3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
La Constitución española de 1978 está comprometida -y obliga a los Poderes Públicos, aunque estos deliberadamente lo ignoren-, desde su artículo 10.2, a interpretar los derechos fundamentales en función de la Declaración de 1948.
Los católicos respetuosos con los derechos humanos y con la democracia (y en su mayoría lo son, por encima de las manipulaciones de los obispos) deberían, pues, reconocer que para solicitar como un derecho la enseñanza de la religión católica en la escuela pública tendrían también que solicitar ese mismo derecho, no sólo para todas las religiones existentes sino para todos los sistemas de convicciones y de creencias de carácter no religioso a los que nos adscribimos los españoles. De no hacerlo así, no se está reclamando un derecho, se está reclamando un privilegio.
¿Realmente puede asumir la escuela pública, en sus itinerarios oficiales, esa educación a la carta? ¿No es más razonable que la escuela instruya y forme en valores ciudadanos que son comunes a todos, independientemente de las creencias particulares? ¿No es más viable que la educación en doctrinas y morales que dependen de la elección de cada individuo se hagan en las parroquias, en las mezquitas, en las sinagogas o en el club de agnósticos y ateos?
En todo caso, lo que se pretende defender el día 12 de noviembre de 2005 no es un derecho fundamental, es la pretensión de los obispos y de sectores conservadores a perpetuar su monopolio sobre la conciencia de todos los españoles. Y eso es algo que quienes defienden los derechos humanos y la democracia no deberían tolerar. |