El Arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno quiere situarse por encima de la Ley.

 Desea que el Círculo Católico no acate la Ley de Salud Sexual y Reproductiva.

La ofensiva clerical contra la laicidad está ahora instalada en todos los frentes.

Además de criticar desde las oficinas vaticanas el otorgamiento del Premio Nóbel de Medicina a Robert Edwards, creador de las técnicas de fecundación in vitro, y, en nuestro país, protagonizando durante años una feroz oposición confesional a una ley que regule la reproducción asistida, ahora le tocó el turno a la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva, cuya Reglamentación por parte del Ministerio de Salud Pública está siendo impugnada por las instituciones católicas uruguayas.

Efectivamente, según la prensa de nuestra capital, esta Ley es rechazada por la Iglesia Católica, y consiguientemente, el Sr. Arzobispo de Montevideo Nicolás Cotugno, está reuniendo la Comisión Eclesial de Ética y Bioética para evaluar como recurrir el decreto que reglamenta la misma.

Cotugno, que es presidente honorario de la mutualista Círculo Católico, pretende que este centro se sitúe fuera de la ley, en por lo menos dos aspectos sustanciales estipulados por la misma: la entrega de anticonceptivos a sus socias y la instalación de servicios de salud que asesoren sobre anticoncepción, sexualidad, colocación de dispositivos intrauterinos, o embarazos no deseados. La obligatoriedad de la aplicabilidad de la ley, según Cotugno, "estaría diciendo que el Estado puede obligar a las instituciones que han sido fundadas sobre valores radicalmente respetuosos de la vida humana a que traicionen esos mismos valores, sin importar el sentir de sus fundadores, directivos y asociados".

La iglesia católica uruguaya con Nicolás Cotugno a su frente, está impulsando que el Círculo Católico, entidad privada supuestamente dedicada a la salud pública, siguiendo las directivas de las autoridades católicas, se niegue a cumplir con una disposición del Ministerio de Salud Pública uruguayo, que estipula que los centros asistenciales de las entidades de salud integrantes (es decir, subvencionadas) de la Junta Nacional de Salud (JUNASA) deben brindar esas prestaciones a las mujeres afiliadas al Sistema Nacional de Salud.

De esta manera, la religión católica no solo desea situarse por encima del Bien General de la Nación, no sólo está desafiando al Estado, sino que además se considera apta para implementar políticas de salud. ¿Quién se sitúa impunemente por encima de la vida y de la muerte? Este es un desafío directo al Estado y a sus potestades legítimas de implementar políticas públicas para el conjunto de la población, independientemente de sus creencias y convicciones particulares.

Imaginemos un momento que pasaría si la Iglesia se negara en sus instituciones educativas a aplicar los programas nacionales de educación, y enseñara solo aquello que fuera favorable a su visión del mundo. ¿Enseñaría la genética, la astronomía, las leyes de la evolución? Si la Arquidiócesis de Montevideo y el Círculo Católico u otras instituciones confesionales se salen con la suya, este escenario - que de maneras subrepticias tal vez ya estaría presentándose en la enseñanza privada católica - podría ser perfectamente legitimado y aplicado en lo inmediato.

Pero más grave aun, cada entidad vinculada de cerca o de lejos a algunas de las múltiples comunidades de sentimientos o pensamiento, tendría sus prerrogativas de hacer - del mismo modo - lo que le parezca mejor. De esta manera, nuestra comunidad se fragmentaría de una muy peligrosa manera, poniendo en serios riesgo nuestras formas de convivencia democráticas republicanas basadas en el interés general. ¿Esto es lo que desean nuestras autoridades políticas?

La Iglesia no sólo desafía al Estado, sino que intenta hacer retroceder nuestra sociedad a las peores épocas oscurantistas. Hay antecedentes a no olvidar: en 1992, el entonces Ministro de Defensa Nacional, Mariano Brito, perteneciente al Opus Dei, interrumpió el servicio de Reproducción Asistida en el Hospital Militar, por estar en desacuerdo con las técnicas de fecundación artificial. Y esto no fue un hecho menor, sino que nos hizo retroceder en años de investigación nacional y en esperanzas de centenas de parejas con dificultades de pro-creación.

El Estado, el Ministerio de Salud Pública, el Ministro Daniel Olesker, ¿va a aceptar este verdadera "mojada de oreja" clerical?

Las alternativas son claras: o el Círculo Católico acata la disposición del Ministerio de Salud Pública, o que el Círculo Católico salga del Sistema Nacional de Salud y deje de recibir subvenciones del Estado, que se hace con el dinero aportado por todos los contribuyentes de todas las creencias o formas de pensar.

No se debe permitir que el fundamentalismo católico tome el paso sobre la marcha de nuestra sociedad.

Defender la laicidad es un imperativo del momento!!!.