Sobre Correo del Caroní, el diario más importante del sudeste de Venezuela, pende una fatal amenaza, que no es de censura, quiebra o cierre por decisión empresarial, sino de demolición de su edificio. Un caso que tiene como telón de fondo la lucha entre los medios privados de comunicación y el gobierno de Venezuela.

 

Más de 300 procedimientos judiciales y punitivos contra medios y periodistas, y más de mil periodistas venezolanos que han sido agredidos y hasta obligados al exilio por el acoso gubernamental, ha sido el saldo que -a juicio del periodista y abogado Alberto Jordán Hernández- ha dejado un gobierno al que no le interesa ni la libertad de expresión, ni de información.

En un momento en el que la libertad de expresión en Venezuela está en el ojo del huracán, el periodista y abogado, Alberto Jordán Hernández, está optando por la presidencia del Colegio Nacional de Periodistas para asumir el rescate de la profesión y la lucha por las libertades de opinión e información.

Jordán Hernández advierte que durante este gobierno la cifra de periodistas agredidos ha sido exorbitante -pasando de las mil denuncias- pero en los últimos tiempos las modalidades de represión han cambiado, ahora se usan otros mecanismos como las acciones legales, multas y procedimientos de organismos estatales como Conatel y el Seniat para silenciar a los medios.

"Nosotros tenemos dentro del gremio 8 muertes en el ejercicio del deber y por la inseguridad y hay algunos casos de muertes dudosas. Y es que ni siquiera en este momento tenemos un equipo jurídico que garantice la asistencia y protección de los periodistas", dijo.

El aspirante a la presidencia del CNP conversó vía telefónica con Correo del Caroní, y aprovechó para dar su visión sobre la situación que viven el periodismo y la libertad de información y expresión en Venezuela.

Explicó que en estos 7 años se han iniciado más de 300 juicios a periodistas y medios de comunicación, por lo que en este momento la renovación de autoridades en el CNP no se trata únicamente de unas elecciones gremiales, sino que se está librando una lucha por la libertad de expresión.

"Este ensañamiento que ha habido del Gobierno contra los comunicadores y medios de comunicación es común. Y luego de que vivimos la noche del terror en que asaltaron las sedes de medios de comunicación nacionales y regionales, hemos venido resistiendo... pero ahora ellos (el Gobierno) han ido aferrando sus políticas y comenzaron con una Ley de Responsabilidad Social que afecta a los medios audiovisuales y con esa ley a finales del año pasado habían logrado el cierre de 7 medios, incluyendo 3 periódicos del estado Bolívar, el Impulso y otro en Barinas utilizando el Seniat", dijo.

Jordán advierte que a pesar de que ahora los mecanismos de presión a los medios de comunicación no son el cierre o la censura directa, sí se están utilizando otras vías institucionales para entorpecer el proceso de información y negarles a los ciudadanos el derecho a estar informados.

 

El jefe de redacción de Correo del Caroní, Robinson Lizano denunció que el diario ha sido atacado por el gobernador Francisco Rancel Gómez, para silenciar al periódico por no haber sido complaciente con los graves problemas de la región. En tal sentido, el Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLUB), entregó un informe en el que sugiere a la Alcaldía del Caroní desalojar y demoler la sede del diario donde ha funcionado por 29 años, bajo el argumento de que éste ocupa espacios destinados a áreas verdes.